La consejera de Sanidad, Charo Quintana, la alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, y el director general de Salud Pública, Santiago Rodríguez, han inaugurado la nueva Oficina de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, situada en el Mercado Nacional de Ganados de la capital del Besaya.
La Oficina contará con ocho inspectores de salud pública y un responsable de área, que atenderán a una población de más 100.000 habitantes de toda la comarca.
Desde esta oficina, los inspectores controlarán unos 2.000 establecimientos relacionados con la alimentación, el 25 por ciento de los que hay en la región.
Las funciones de esta instalación serán la vigilancia y control de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos y artículos relacionados, directa o indirectamente, con la alimentación humana.
Así mismo, se encargará de la vigilancia, inspección y control ambiental, y del saneamiento de las aguas de bebida y actividades que afectan al bienestar de la comunidad, además de desempeñar acciones permanentes de materia de enfermedades zoonósicas y en educación sanitaria.
La consejera de Sanidad destacó que la apertura de esta oficina se produce en un momento de «total actualidad», por las recientes intoxicaciones alimentarias que se han producido a nivel nacional y regional, y ayudará a comprender la importancia de la salud pública.
«Nos fijamos mucho más en nuestros hospitales, en su aparataje y especialistas, y se nos olvida que sería imposible tener los niveles de bienestar y de salud de los que disfrutamos si no existiera un trabajo mucho más invisible y callado, que nos permite consumir alimentos en buenas condiciones, beber agua de consumo con seguridad y disfrutar de nuestras piscinas y playas, entre otras cosas», aseguró Quintana.
La Oficina no tendrá un horario fijo de apertura, ya que los inspectores de salud pública realizan un «trabajo de calle», pero será su centro de operaciones y servirá para que los ciudadanos presenten reclamaciones por irregularidades alimentarias y los empresarios realicen los trámites administrativos.
El director general de Salud Pública, Santiago Rodríguez, explicó que ante un caso de intoxicación alimentaria, como los recientemente ocurridos, estas oficinas de Seguridad Alimentaria ponen en marcha una serie de mecanismos para controlarla.
Aunque «hay muchas actuaciones que intentan evitarlo», si se produce, «inmediatamente se genera una alerta coordinada a nivel nacional e inmovilizar la partida sospechosa de ser la causante de la intoxicación», como pasó en el caso del pollo precocinado.
Rodríguez señaló que el primer paso, como se hizo en Cantabria, es comprobar que toda la partida está inmovilizada y retirada de la venta, como prueba que en «ninguno de los afectados en la región lo compró posteriormente a la alerta».
Respecto a la actuación de los inspectores, afirmó que es fundamental en la propuesta de sanción o de cierre incluso del establecimiento si la gravedad de la infracción así lo requiere, aunque en algunos casos hay cierta «flexibilidad de plazos» para corregir los incumplimientos.
Inaugurada la Oficina de Seguridad Alimentaria que estará ubicada en el Ferial12/08/2005
