La alcaldesa anuncia la creación del agente urbanizador para dinamizar los planes parciales

La alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia crear la figura del «agente urbanizador», que será un experto técnico cuya función será asesorar a la Corporación sobre las posibilidades de desarrollo de distintos planes parciales.

Gómez Morante ha explicado que la primera tarea del nuevo «agente urbanizador» será «explorar las posibilidades» de desarrollo del Plan Parcial Mies de Vega, un área situada entre el Barrio Covadonga y Torres que debido a distintos problemas se encuentra paralizado desde que fue aprobado hace ya varios años.

Además, el nuevo técnico deberá informar a la Corporación sobre distintas alternativas, «ayudar a definir» qué figura urbanística se puede aplicar en esta zona y «dinamizar» la gestión urbanística del plan parcial, en especial en aquello que tenga que ver con la relación con los propietarios de parcelas.

Para la alcaldesa, este «agente urbanizador» deberá también asesorar sobre cómo insertar las posibilidades de desarrollo con los nuevos contenidos del Plan General, así como determinar en qué otros planes parciales es posible actuar todavía antes de la suspensión de licencias debido a la tramitación de la Revisión.

Por otra parte, Blanca Rosa Gómez Morante ha anunciado el acuerdo de la Gerencia de urbanismo, por el que se anula un acuerdo plenario de 2003 sobre el Plan Parcial El Valle, que ha sido considerado irregular, con lo que se retoma su tramitación desde el principio.

La anulación del acuerdo plenario es consecuencia del reciente rechazo al Plan Parcial de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU), tras lo que el Ayuntamiento decidió «revisar de oficio» el expediente que afecta a un área de 64.500 metros cuadrados al este del municipio.

Este plan parcial está situado en una franja de terrenos entre los barrios de Sierrapando y Tanos, atravesado por el Bulevar Ronda, y llevaba más de una década sin desarrollarse debido al elevado coste tanto de la ejecución urbanística como de las expropiaciones de varias casas y edificaciones agrícolas existentes en la zona.

Se desarrollo pretendía la ordenación de una bolsa de 64.500 metros cuadrados de suelo de uso residencial, en la que se pretendían construir entre 700 y 800 viviendas en el plazo de 10 años, tiempo previsto para la ejecución de todas las actuaciones.