Los Portavoces se dan de plazo hasta el jueves para consensuar una decisión sobre la Finca del Asilo

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Torrelavega se ha dado de plazo hasta este próximo jueves para tomar una decisión política sobre si se desaloja el asentamiento gitano de la Finca del Asilo, tras conocer un informe jurídico que analiza la situación y alerta sobre los derechos de las familias.


Durante este tiempo, los portavoces se han comprometido a estudiar los informes jurídicos y a proponer soluciones al problema, con el fin de alcanzar un consenso que permita erradicar este asentamiento donde hace varia semanas se produjo un tiroteo entre clanes gitanos rivales, que se saldó sin víctimas pero con cuatro detenidos.


Así lo ha acordado la Junta convocada por la alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, y a la que han asistido representantes de los distintos grupos políticos.


Según ha explicado Gómez Morante, la decisión que se adopte el jueves «tiene que ser la última y definitiva» para resolver «de forma global» el problema del asentamiento gitano de la Finca del Asilo y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir en el futuro en otros lugares de la ciudad.


A su juicio, la decisión que se adopte

«debe ser consensuada»

, lo que permitirá buscar «una solución legal, social, humana y urbanística» a la Finca del Asilo, un terreno donde se asientan varias familias de un mismo clan en unas infraviviendas, donde no se respetan las condiciones en las que fueron cedidas hace años.


La alcaldesa ha anunciado también que en la nueva Junta de Portavoces prevista para el jueves presentará «un planteamiento» sobre el posible desalojo de las Finca del Asilo, teniendo presente que los informes jurídicos alertan sobre los derechos de las familias y la necesidad de indemnizarles para que abandonen el asentamiento.


En este sentido, la regidora ha reclamado la ayuda del Gobierno regional, como administración con competencias en materia de vivienda, ayuda que no concretó si podría ser económica o en una vivienda para las familias, aunque aclaró que debería tener el mismo carácter que la aplicada en casos similares en otros municipios.