El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que preside el socialista Juan José González, ha desarrollado una Ordenanza de Protección de Bienes Públicos de Titularidad Municipal y de Mantenimiento de la Convivencia Ciudadana, que surge para acabar con situaciones como las que se producen en la zona de vinos y que provocan reiteradas denuncias de los vecinos.
El objeto de la normativa es proteger los espacios, edificios, mobiliario y elementos que forman parte del patrimonio del municipio, así como evitar y sancionar conductas que den lugar a alteraciones leves de la seguridad ciudadana efectuadas en vías y lugares públicos, que entren dentro de las competencias municipales.
Según ha explicado Juan José González, esta ordenanza engloba otras, como las de protección de animales, la de ruidos o, en el futuro, otras de ámbito urbanístico, y será «una buena herramienta de trabajo para la policía» al tipificar faltas y sanciones, así como la «responsabilidad penal de los infractores».
Asegura que, junto a prevenir conflictos en la zona de vinos, otro de los objetivos es prevenir el repetido incumplimiento de los horarios de cierre y niveles de ruido por parte de algunos establecimientos hosteleros de este barrio.
En el articulado de la normativa se detallan los daños y alteraciones prohibidos, figurando por ejemplo la rotura, quema o pintado de mobiliario urbano, edificios o señales, esparcir folletos o papeles en las calles, romper árboles o estropear jardines, arrojar chicles al suelo o pegar carteles en lugares no autorizados.
Igualmente se contempla el maltrato o agresión a los animales o la falta de control sobre los mismos, el encendido de fuego, el uso inadecuado de fuentes, la emisión de ruidos que por su volumen u horario atenten contra la convivencia ciudadana, arrojar basuras o residuos o dejar que los perros depositen excrementos en la calle.
También se incluyen las obligaciones de particulares, comunidades de propietarios, empresas, organizadores de actos públicos o promotores de actividades publicitarias.
Además, se establecen las sanciones y la tipificación de estos daños en faltas leves, que conllevarán multa de hasta 600 euros; graves, hasta 1.500 euros; o muy graves, hasta 3.000. La acumulación de faltas graves provocará el endurecimiento de la sanción y la responsabilidad penal.
El texto hace referencia también a las obligaciones de reparar o costear los daños causados, el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones, sus plazos de prescripción, la responsabilidad penal de los infractores y las normas de procedimiento que seguirán los agentes municipales para la denuncia y sanción de las infracciones.