La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado informar de manera desfavorable el estudio de impacto ambiental elaborado para la construcción de la central térmica de 800 megawatios, al considerar que no cumple la ley en aspectos medioambientales y urbanísticos, y que por tanto sería
ilegal.
En concreto, los informes técnicos destacan que el estudio de impacto ambiental carece de detalle sobre la ubicación concretada de la central y que el trazado propuesto para las líneas de alta tensión (400.000 voltios) es «inadecuado» por afectar al Plan General de la ciudad y porque atraviesa varios pueblos y barrios, entre ellos el Poblado, La Palmera, San Ramón y Sierrapando.
También se rechaza el estudio de impacto ambiental por incumplir las distancias de la central a núcleos de población, porque afecta a una zona de protección ecológica, porque no concreta lo necesario las emisiones de contaminantes a la atmósfera y tampoco el futuro trazado del gaseoducto que suministrará combustible a la térmica.
Este acuerdo forma parte de las alegaciones que el Ayuntamiento de Torrelavega remitirá a la Delegación del Gobierno en Cantabria, para que se adjunten a las presentadas por otras entidades y colectivos, y que a partir de ahora deberán ser respondidas por los promotores de la central.
La alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante (PSOE), ha asegurado que las alegaciones municipales se basan en los informes técnicos realizados tras conocer la totalidad de la documentación aprobada por los promotores, que ha permitido constatar la «incidencia preocupante» de la planta en el entorno.
Así, aseguró que los temores iniciales al recibir la documentación «se han concretado», en especial por la afectación que tendrá la instalación sobre el Plan General de Ordenación Urbana, en la actualidad en revisión.
Como ejemplo de esta situación, Gómez Morante señaló que mientras el estudio presentado por los promotores de la térmica, las empresas Caelgese y Electrabel, preveía tendidos eléctricos aéreos que cruzarían sobre varios barrios, el Plan General obliga al soterramiento de las líneas de alta tensión.
Además, la alcaldesa aludió a que los técnicos incluso aconsejan que se pida a la autoridad sanitaria que emita un informe sobre afectaciones de la planta sobre la salud de las personas, máxime cuando se encuentra a menos de dos kilómetros de Hospital Comarcal del Sierrallana.